• Crisis del aprendizaje y abandono escolar. En todo el mundo, el trabajo en línea redujo las horas de enseñanza en al menos 40%. Ello, más la falta de habilidades y recursos digitales de al menos un tercio del alumnado para acceder a la educación en línea, ha ocasionado que una generación de escolares pierda los avances ganados en los últimos 5 años y que muchos no regresen a estudiar. Antes de la COVID-19, en México había 5% de niñas y niños fuera de la escuela, pero esto aumentó con el confinamiento, sobre todo en adolescentes y jóvenes de nivel medio superior, así como en estudiantes pobres, indígenas, migrantes, refugiados y con discapacidad.

   

• Amenazas para la salud. Las dificultades económicas que experimentan las familias a raíz de la recesión económica mundial ocasionan la malnutrición para quienes dependen de las comidas escolares como fuente fiable de alimentación. A esto se añaden los riesgos sobre el bienestar mental de niñas y niños y adolescentes, como estrés, depresión, adicción a la tecnología, aislamiento social y suicidio.

   

• Aumento de violencia y maltratos en la familia, especialmente para las mujeres. Esto incluye la exposición a contenidos digitales inapropiados, el acoso cibernético, el abuso sexual y la explotación laboral, fenómenos que se acentúan en los contextos de mayor pobreza y desigualdad. Se estima que, en el mundo, a raíz de la crisis, este año podrían caer en la pobreza extrema entre unos 50 millones de niñas, niños y adolescentes. 

En contraste, la educación presencial: 

• Favorece la igualdad de oportunidades y la motivación por seguir aprendiendo, especialmente entre las niñas y las estudiantes que enfrentan mayores limitaciones por pobreza, falta de conectividad y acompañamiento en el hogar.

   

• Salva vidas, al transmitir información vital, formar en las aulas hábitos, valores, actitudes y habilidades para el autocuidado, la protección, la recuperación ante el duelo y la preparación para futuros eventos de riesgo.

• Promueve el vínculo social, mediante herramientas para la convivencia pacífica, el encuentro, la comprensión y el apoyo mutuo, mediante una “sana cercanía”.

   

• Brinda servicios para la salud y el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo para quienes difícilmente podrían acceder a una dieta saludable, servicios médicos, orientación psicológica y prevención de abusos.

   

• Amplía los espacios protegidos y seguros para la cohesión social y la práctica de la cultura, la recreación y el arte de las comunidades.

   

• Permite identificar a quienes necesitan más ayuda en el aprendizaje, diagnosticando con mayor precisión los problemas que enfrentan y las estrategias pedagógicas que conviene implementar como colectivo docente.

Ante este escenario el UNICEF (responsable de promover la protección de los derechos de la infancia) y la UNESCO (encargada de liderar y monitorear el cumplimiento de los objetivos globales de la educación) publicaron un comunicado denominado “La reapertura de las escuelas no puede esperar”, donde se insta a los gobiernos a priorizar el retorno en condiciones de seguridad lo antes posible y sin ninguna restricción de acceso, incluyendo la vacunación obligatoria. 

En particular, el comunicado destaca que “No (se) puede esperar a que el número de casos sea cero”, pues los datos muestran que las escuelas primarias y secundarias no son potenciales fuentes de transmisión del virus y que el riesgo se puede controlar si se adoptan medidas adecuadas de mitigación. Asimismo, subraya que “La reapertura de las escuelas no puede esperar a que todos los profesores y alumnos hayan sido vacunados”. La prioridad en la vacunación sigue siendo el personal de primera línea y quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves y mortales de la COVID-19.

Criterios para el regreso a clases

Según el monitoreo de la UNESCO, en América Latina existen diversos criterios para determinar quién, cuándo regresa y cuánto tiempo permanece en la escuela, pues cada país atiende necesidades específicas. Así podemos ver, por ejemplo, que se ha priorizado el regreso de:

• Alumnos que se trasladen a la escuela sin necesidad de usar transporte público;

   

• Alumnos mayores, bajo la premisa que pueden atender mejor las medidas de higiene y distanciamiento;

   

• Estudiantes que iniciaron el proceso de lecto – escritura;

   

• Alumnos pequeños que necesitan interacción entre pares y mediación de un adulto;

   

• Estudiantes de los últimos grados de nivel primaria, secundaria o que se gradúan;

   

• Escolares de zonas rurales con acceso limitado a medios de comunicación, escasa o nula conectividad a internet y donde no se han presentado casos de contagio;

   

• Hijos e hijas de trabajadores de servicios esenciales o familias socialmente vulnerables, sin acceso a dispositivos digitales e internet;

   

• Estudiantes de programas de educación especial.

La constante en los países de la región es que el regreso ha sido:

• Parcial, regionalizado y gradual,

   

• Voluntario,

   

• Con protocolos de operación de bioseguridad y limpieza de espacios,

   

• Con cierres y regresos intermitentes, manteniendo la modalidad a distancia, en función de los contagios reportados;

   

• En coordinación con las autoridades sanitarias, atendiendo las medidas relativas a los niveles de contagio,

   

• Mediante decretos nacionales, pero con la autorización específica de la autoridad local,

   

• Sin que el total del personal educativo se encuentre vacunado,

   

• En algunos países, motivado por la exigencia de los padres a retornar a clases, sobre todo en sistemas particulares,

   

• En la mayoría, en medio de intensos debates públicos e inconformidades, que dieron paso a la construcción de consensos y acuerdos políticos y sociales.

1. Fortalecer el Enfoque de Derechos Humanos y privilegiar el derecho a la educación como un derecho social fundamental y una fuerza habilitante para lograr los demás derechos. Esto tendría que estar explícito en todos los componentes del sistema educativo mexicano, incluyendo los contenidos curriculares, los materiales educativos y formas de evaluación existentes.

    

2. Promover la participación real de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las decisiones que en las emergencias los afectan dentro y fuera de la escuela, tanto en su contexto local como global, en el presente y en el futuro de su vida. Lo cual implica que las escuelas trabajen en empoderar a la juventud de forma reflexiva, fomentar el activismo estudiantil para el cambio social y emplazar acciones de transformación responsable con el entorno, a fin de disminuir las posibilidades de nuevas catástrofes.

    

3. Asegurar la igualdad de género en el sistema educativo, con oportunidades de acceso, permanencia y logro para las niñas, las adolescentes y las jóvenes, sobre todo para quienes se han visto más afectadas con la pandemia, así como con mecanismos que les permitan representar y liderar grupos y proyectos escolares a todos los niveles.

    

4. Consolidar la inclusión plena de todas las personas mediante la operación efectiva de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa que impulsa la SEP, e impulsando una práctica educativa que ponga énfasis en atender a los más vulnerables, identifique brechas de desigualdad y trabaje en y para la diversidad social, cultural, étnica y lingüística que caracteriza a la nación mexicana. Como prioridad, se requeriría mejorar e innovar metodologías y materiales para las escuelas multigrado y las que trabajan con población indígena y en contextos de movilidad.

    

5. Integrar los contenidos y enfoques de la Educación para el Desarrollo Sostenible desde educación básica hasta superior, de forma que se promuevan prácticas de vida sostenible en los planteles y, el estudio complejo de los problemas que afectan al planeta y la humanidad desde la interrelación de aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos.

    

6. Formar en ética, cultura de paz y ciudadanía global, a fin de eliminar todas las formas de violencia, extremismos y discriminación que se agudizaron durante la crisis, fomentando el valor de las relaciones interculturales, la interdependencia entre las personas y los pueblos del mundo, así como los valores de solidaridad, equidad, justicia, diálogo pacífico, entre otros.

    

7. Desarrollar capacidades para el aprendizaje móvil, el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD) y la construcción de sistemas educativos híbridos. Para ello, es clave poner en funcionamiento lo más rápido posible la Agenda Digital Educativa de la SEP, acelerar el programa de infraestructura México Conectado, desarrollar habilidades de Alfabetización Mediática e Informacional en las personas (AMI), hacer uso ético y estratégico de la Inteligencia Artificial, construir alianzas con la industria tecnológica y crear lazos de cooperación con países pertenecientes al E9, que agrupa a los países más poblados y representan 53% de la población mundial.

    

8. Diversificar las formas de evaluación y acreditación para que existan múltiples oportunidades para el aprendizaje. Esto incluye desde la evaluación académica y socioemocional en el aula, hasta las pruebas nacionales, los estudios diagnósticos, así como las normas de reconocimiento y revalidación de estudios para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

9. Robustecer al Sistema General de Información de la SEP y mantener las mediciones internacionales sobre educación y aprendizaje, de manera que las autoridades y todos los actores educativos cuente con datos clave sobre las afectaciones a la población estudiantil, las dimensiones del sistema educativo que hayan tenido un mayor impacto durante la emergencia y aquellas que sean valiosas de analizar en los próximos años. En este sentido, se recomienda que México siga participando en las evaluaciones masivas y estandarizadas, como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO, que mide los logros de aprendizaje de estudiantes de sistemas educativos de América Latina y el Caribe.

    

10. Reconocer el papel de liderazgo que tienen los y las docentes y su autonomía profesional para pasar de la crisis a la transformación educativa. Esto requiere apoyos específicos para la conformación de un sistema integral de formación docente que considere la actualización de las escuelas Normales, la selección de talentos para la docencia, el mejoramiento de la formación continua, el reconocimiento al desempeño profesional y su participación en las políticas educativas.

     

11. Diseñar, construir y rehabilitar los planteles escolares para contar con hábitats educativos que promuevan la educación y el aprendizaje del siglo XXI, que sean inclusivos, seguros y resilientes. Esto demanda recuperar la tradición mexicana de edificación de escuelas y la incorporación de metodologías participativas de diseño, aprovechamiento de materiales locales, armonización con el entorno natural y cultural, uso de tecnologías sustentables y la flexibilización del espacio arquitectónico y del mobiliario escolar.

     

12. Desencadenar el potencial de las familias, las comunidades y las ciudades en favor de la educación, a fin de reconocer el valor de las relaciones intergeneracionales ante momentos críticos, las autonomías locales y las prácticas de educación informal para responder a los problemas de sociedades complejas y la contribución de todos los actores sociales al logro de una educación relevante y para toda la vida.

     

13. Vincular educación con empleo digno para la juventud, de modo que se incentive la economía del país mediante el fortalecimiento de la educación y formación técnica y profesional y el modelo dual de estudios, el fomento a las profesiones técnicas y científicas entre las mujeres, el desarrollo de habilidades para el emprendedurismo y la vinculación entre la escuela y la industria.

     

14. Movilizar alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil con el propósito de contribuir a las metas educativas y al desarrollo sostenible. El mundo y el país no están logrando avances hacia las metas de la Agenda 2030 al ritmo y la escala necesarios, en parte por la pandemia y en parte porque hace falta agilizar recursos adicionales y formas de colaboración entre todos los actores sociales.

     

15. Incentivar la investigación y la innovación educativas en temas de inclusión, equidad, interculturalidad, igualdad de género, desarrollo sostenible, ciudadanía global y educación en situaciones de emergencia, procurando que los productos de los estudios, pilotos e innovaciones lleguen a las instancias de decisión de política y en las escuelas se aprovechen los resultados por el personal docente y directivo para mejorar la educación.

     

16. Incrementar el financiamiento gubernamental a la educación. Es necesario abogar por un mejor financiamiento de la educación y asegurar que se amplíen los recursos actuales en el contexto de los impactos económicos de COVID-19. Por ejemplo, los objetivos acordados internacionalmente del 4% al 6% del PIB o del 15% al 20% del gasto público tendrían que asignarse al sector de la educación, para que puedan atenderse las necesidades de construcción y rehabilitación de infraestructura física y tecnológica, la formación docente, la igualdad de género y la atención a los grupos más vulnerables.